¿Tendremos una ley de Humedales? algo se está moviendo..

Entro al Congreso un proyecto de ley de Presupuestos Mínimos para humedales, ¿sera otra bomba de humo? o tendremos por fin una Ley que proteja los humedales, aquí le mostramos el proyecto en su totalidad.

Actualidad Por: Daniel Bracamonte 28 de julio de 2020
ahume

Con la firma de los diputados :

 Diputada Nacional Sposito, Ayelén, Diputada Nacional Fagioli, Federico, Diputada Nacional Vilar, Daniela Diputada Nacional Cerruti, Gabriela , Diputada Nacional Estevez, Gabriela, Diputada Nacional Martínez, María Rosa,  Diputada Nacional Muñoz, Rosa, Diputada Nacional Lampreabe, Florencia, Diputada Nacional Caliva, Verónica, Diputado Nacional Bárbaro, Héctor, Diputada Nacional López, Jimena, Diputado Nacional Alderete, Juan Carlos, Diputada Nacional Schwindt, María Liliana, Diputada Nacional Carrizo, Nilda Mabel, Diputado Nacional Cisneros, Carlos Aníbal, Diputado Nacional Romero, Jorge Antonio, Diputado Nacional Flores, Danilo
se presento un proyecto de presupuestos mínimos para humedales, el mismo tiene algunos puntos discutibles, pero seria un gran paso para frenar la destrucción sistemática de estos valiosos espacios naturales. Aquí el proyecto: 

PROYECTO DE LEY

El Senado y la Cámara de Diputados/as de la Nación Argentina reunidos
en Congreso sancionan con fuerza de ley:

REGIMEN    DE    PRESUPUESTOS    MINIMOS    PARA    LA    PROTECCION
AMBIENTAL DE LOS HUMEDALES

Capítulo I
Disposiciones Generales

Artículo  1°.  -  Objeto.  La  presente  ley  tiene  por  objeto  establecer  
los  presupuestos
mínimos  para  la  conservación,  uso  racional  y sostenible  de  los  
humedales  en  todo  el
territorio  de  la  Nación,  asegurando  la  integridad  de  los  servicios  
ecosistémicos  que
brindan,  como  así  también  el  respetar  de  su  valor  inherente,  en  
concordancia  con  el
artículo  41  y  75  inc.  17  de  la  Constitución  Nacional,  los  Tratados  
Internacionales
ratificados por el Congreso de la Nación y la Ley General del Ambiente N° 
25.675.

Artículo 2°. - Definiciones. A los efectos de la presente ley, se entiende por:

a)   Humedales: ambientes en los cuales la presencia temporaria o permanente de 
agua
superficial o subsuperficial causa flujos biogeoquímicos propios y diferentes a 
los
ambientes terrestres y acuáticos. Rasgos distintivos son la presencia de biota 
adaptada
a estas condiciones, comúnmente plantas hidrófitas y/o suelos hídricos o 
sustratos con
rasgos de hidromorfismo.


b)   Características ecológicas de los humedales: aquella combinación de los 
componentes
físicos,  químicos  y  biológicos  y  las  funciones  ecosistémicas  que   
proveen  los
humedales a la sociedad, así como también su valor inherente.

c)   Integridad  ecológica:  aquel  estado  del  humedal  que  conserva  sus  
características
ecológicas permitiendo el sostenimiento de la provisión de los servicios 
ecosistémicos
a          la sociedad.

d)   Variabilidad o elasticidad real de los humedales: aquella relación entre 
la superficie
ocupada por el agua durante la fase de máximo anegamiento y/o inundación (máxima
media de la cota de los últimos 30 años), y la que corresponde al momento de 
sequía
extrema (mínima media de la cota de los últimos 30 años).

e)   Servicios ecosistémicos de los humedales: aquellos beneficios tangibles e 
intangibles
derivados de la estructura y funciones de los humedales.

f)   Valor Inherente de los humedales: respeto y protección de su desarrollo 
integral en
armonía y equilibrio, garantizando la continuidad de la capacidad de 
regeneración de
sus   componentes   vitales,   recuperando   y   fortaleciendo   los   saberes  
 locales   y
conocimientos ancestrales asociados a ellos, en el marco de la 
complementariedad de
derechos, obligaciones y deberes de las y los seres humanos.

g)   Caudal ambiental: aquel régimen hídrico que se establece en un cuerpo de 
agua, como
una alternativa que busca encontrar un equilibrio entre las necesidades del 
ambiente
y  las  humanas,  preservando  los  valores  ecológicos,  el  hábitat  natural  
y  todas  las
funciones ambientales.

h)   Capacidad de carga: aquella capacidad de soporte y de asimilación del  
ambiente a
acciones humanas tales como actividades productivas o de ocupación del  
territorio
sin que ello implique un impacto en la integridad ecológica del mismo.


Artículo 3°. - Objetivos generales. Son objetivos generales de la presente ley:

a)   Asegurar  la  conservación  y  el  uso  racional  y  sostenible  de  los  
humedales,  sus
funciones ecológicas y los servicios ecosistémicos que brindan.

b)   Garantizar  la  adopción  de  criterios  de  sostenibilidad  ambiental  en 
 las  actividades
socioeconómicas  que  se  realicen  sobre  los  humedales  con  el  fin  de  
asegurar  el
mantenimiento de la integridad ecológica de estos ecosistemas.

c)   Establecer  criterios  de  conservación,  gestión  y  uso  racional  y  
sostenible  de  los
humedales para todo el territorio nacional que tengan en cuenta sus 
características
ecológicas y su estrecha dependencia con el mantenimiento de su régimen 
hídrico.

d)   Garantizar a la provisión de agua de calidad y regulación del régimen 
hidrológico en
las distintas cuencas del territorio nacional.

e)   Implementar las medidas necesarias para desalentar las actividades y 
prácticas que
afecten  significativamente  la  composición,  estructura  y  funcionamiento  
de  los
humedales,  identificando  y regulando  las  actividades  que  amenacen  su  
integridad
ecológica.

f)   Garantizar   y   fomentar   las   actividades   de   restauración   de   
los   humedales,
considerándose  comprendidas  en  ellas  las  tareas  de  diagnóstico,  
mitigación  y
remediación.

g)   Promover   la   creación   de   áreas   naturales   protegidas   en   
aquellos   humedales
identificados y declarados como tales;

h)   Promover la consideración de los caudales ambientales en el manejo 
integrado de las
cuencas hídricas.

i)    Asegurar que los planes de ordenamiento territorial que se establezcan 
por normas
específicas incluyan reglas relativas a la capacidad de carga de los humedales.


j)    Hacer  prevalecer  los  principios  de  la  Ley  General  del  Ambiente  
N°  25.675,
manteniendo los humedales de origen natural cuando los beneficios ambientales o 
los
daños ambientales que su ausencia generase, no pudieran demostrarse aún con las
técnicas y metodologías disponibles en la actualidad.

k)   Reconocer la preexistencia de aquellos medios de vidas ancestrales en 
aquellas áreas
declaradas como humedales, en cuanto estos sean compatibles con su conservación 
y
uso racional y sostenible.

l)    Promover la participación activa, efectiva y equitativa de representantes 
del campo
científico,  académico  y  universitario,  de  las  organizaciones  de  la  
sociedad,  de  las
comunidades  locales  campesinas  e  indígenas  y  de  las  personas  
interesadas,  en  el
diseño e implementación de las políticas públicas sobre humedales en el marco 
de lo
establecido por la presente ley.

m)  Conservar el patrimonio natural y cultural en áreas de los humedales, así 
como los
paisajes culturales resultantes de modos de vida, actividades y modalidades 
adaptadas
al normal funcionamiento del humedal.

n)   Asegurar  el  derecho  de  acceso  a  la  información  pública  ambiental  
conforme  a  lo
establecido por la Ley Nacional N° 25.831,

Artículo 4°. - Servicios ecosistémicos. A los efectos de la presente ley, los 
principales
servicios ecosistémicos que los humedales brindan a la sociedad son:

a)   Provisión de agua potable dulce y de calidad;

b)   Filtrado y retención de nutrientes y contaminantes.

c)   Provisión  de  alimentos,  madera,  fibras  y  combustibles  para  la  
sociedad  y  fauna
silvestre y doméstica.

d)   Amortiguación de excedentes hídricos.


e)   Disminución del poder erosivo de los flujos de agua y su velocidad de 
circulación
hacia el mar.

f)   Mitigación de la pérdida y salinización de suelos.

g)   Provisión de hábitats.

h)   Estabilización de la línea de costa y control de la erosión costera.

i)    Almacenamiento de carbono.

j)    Recarga y descarga de acuíferos.

k)   Estabilización climática.

l)    Patrimonio cultural.

m)  Recreación y turismo sustentable.

Capítulo II

Inventario Nacional de Humedales

Artículo 5°. - Inventario Nacional de Humedales. La autoridad de aplicación 
será la
responsable de la realización del Inventario Nacional de Humedales de todo el 
territorio
de la Nación, el cual integrará toda la información necesaria para su adecuada 
protección,
control y monitoreo, definiendo una metodología común a ser utilizada, 
articulando los
esfuerzos de las jurisdicciones provinciales, la comunidad científica y las 
organizaciones
de  la sociedad civil.  Para ello  se debe  crear  un organismo  permanente,  
dotado  de los
recursos materiales y humanos necesarios para el avance del proceso.

El  Inventario  podrá  realizarse  por  etapas  y  por  áreas  geográficas.  La 
 Autoridad  de
Aplicación Nacional definirá, en articulación con las jurisdicciones 
provinciales, áreas
del territorio nacional que serán priorizadas a efectos de la realización del 
Inventario.


Artículo 6°. – Niveles. El inventario debe contemplar al menos 4 (cuatro) 
niveles:

1.   Regiones y subregiones (Nivel 1)

2.   Sistemas de paisajes de humedales (Nivel 2)

3.   Unidades de paisaje de humedales (Nivel 3)

4.   Sitios de humedales (Nivel 4)

Artículo 7°. Plazos. Se establece un plazo máximo de 5 (cinco) años, contados a 
partir
de la entrada en vigencia de la presente ley, para confeccionar el Inventario 
del Nivel 2 y

3. Para el nivel 4, la autoridad de aplicación fijará, conjuntamente con el 
Consejo Asesor
del Gabinete Federal de Humedales, un plazo razonable para su confección.

Artículo  8°.  -  Previsiones.  El  Inventario  Nacional  de  Humedales  deberá 
 delimitar,
caracterizar,  y  reconocer  el  estado  de  conservación  e  integridad  de  
los  humedales,
conteniendo   información   accesible   que   permita   su   ubicación,   
identificación   y
caracterización en cada una de sus niveles, como así también determinar las 
amenazas
que        pesan sobre los mismos.

Artículo 9°. - Actualización y financiamiento. El Inventario Nacional de 
Humedales
deberá actualizarse periódicamente, de acuerdo al plazo que determine el 
Consejo Asesor
del  Gabinete  Federal  de  Humedales,  verificando  los  cambios  en  las  
superficies  y
características ecológicas de los mismos, su estado de avance o retroceso y 
otros factores
que         sean relevantes para la conservación, protección, restauración 
ecológica, uso racional
y sostenible de los mismos, sus servicios ecosistémicos y su valor inherente.

El Ministerio de Ambiente y Desarrollo Sostenible o el organismo que en el 
futuro lo
reemplace,  fijará  e  incorporará  anualmente  la  partida  presupuestaria  
necesaria  para  la
actualización del Inventario Nacional de Humedales.


Capítulo III

Uso racional y Sostenible de los Humedales

Artículo 10°. - Planificación. El uso racional y sostenible de los humedales 
deberá ser
planificado considerando su integridad ecológica, diversidad, salud ecológica, 
funciones,
servicios ecosistémicos y valor inherente.

Artículo 11°. - Criterio de uso. Podrán realizarse en los humedales todos 
aquellos usos
racionales  y  sostenibles  compatibles,  que  no  afecten  negativamente  la  
provisión  de
servicios ecosistémicos a la sociedad ni su valor inherente. En particular 
estos usos no
deberán afectar a los sectores más vulnerables que dependen de los humedales.

Artículo  12°.  -  Restauración  de  áreas  de  humedales  degradados.  La  
autoridad
competente deberá determinar la restauración de áreas degradadas en función de 
su alto
valor     de conservación y/o los servicios ecosistémicos de importancia que 
dispondría.

Se  consideran  especialmente  las  necesidades  de  restauración  que  
pudiesen  existir  en
territorios  de  pueblos  indígenas  y  tierras  de  uso  común  de  
comunidades  para  el
restablecimiento de condiciones ambientales óptimas y también para el 
desarrollo y vida
de los pueblos y comunidades que los habitan.

Capítulo IV
Diseño Institucional

Artículo 13°. - Autoridad de aplicación. Será Autoridad de Aplicación Nacional 
de la
presente  ley  el  Ministerio  de  Ambiente  y  Desarrollo  Sostenible  de  la  
Nación  o  el
organismo que en el futuro lo reemplace.

Artículo 14°. - Autoridad competente. A los efectos de la presente ley, será 
autoridad
competente aquella que determine cada jurisdicción. En el caso de las áreas 
protegidas
comprendidas por la ley 22.351 será autoridad competente la Administración de 
Parques
Nacionales.


Artículo 15°. - Funciones. Serán funciones de la Autoridad de Aplicación 
Nacional:

a)   Asegurar el cumplimiento de las disposiciones contenidas en la presente 
ley, que sean
de su competencia.

b)   Proponer y coordinar acciones conducentes a la conservación y 
mantenimiento de la
integridad ecológica, diversidad y salud ecológica de los humedales, por medio 
de
medidas de preservación, manejo sostenible y restauración.

c)   Diseñar e implementar un Programa Nacional de Humedales que brinde un marco
ordenado para las políticas públicas sobre la materia.

d)   Publicar,  mantener  y  actualizar,  mediante  medios  oficiales  de  
comunicación,  el
Inventario Nacional de Humedales, así como toda la información que dé cuenta del
estado  de  los  humedales  y  los  proyectos  o  actividades  que  se  
realicen  sobre  los
mismos.

e)   Administrar el Fondo Nacional de Humedales y fijar mecanismos  para su 
efectiva
aplicación   y   distribución   anual,   incluyendo   compensación   
incremental   a   las
jurisdicciones que hayan culminado el ordenamiento territorial de sus 
humedales.

f)   Asesorar  y  financiar  a  las  jurisdicciones  locales  en  los  
programas  de  monitoreo,
fiscalización, restauración y conservación de humedales.

g)   Establecer   un   sistema   de   remediación   para   los   humedales   
extinguidos   como
consecuencia de acciones pasadas derivadas de obras o actos del Estado 
nacional.

h)   Implementar  un  sistema  permanente  de  capacitación,  educación  e  
intercambio  de
información relativa a los humedales

i)    Garantizar la realización de evaluaciones de impacto ambiental (EIA) y de 
evaluación
ambiental estratégica (EAE) en los casos donde tenga competencia, contemplando 
los
efectos de los impactos acumulativos.


Artículo  16°.  -  Gabinete  Federal  de  Humedales.  Créase  el  Gabinete  
Federal  de
Humedales  el  cual  tendrá  por  objeto  de promover  una  adecuada  
interacción entre los
organismos   públicos   del   gobierno   nacional,   las   autoridades   
competentes   y  otros
organismos públicos con competencia en las temáticas afines a los humedales.

Artículo 17°. - Integración del Gabinete Federal de Humedales.  El Gabinete 
Federal
de Humedales estará compuesto por las máximas autoridades de las siguientes 
áreas de
gobierno: Ambiente, Energía, Minería, Producción, Agricultura y Ganadería, 
Industria,
Transporte, Desarrollo Social, Relaciones Exteriores, Educación, Deporte, 
Salud, Ciencia
y  Tecnología,  Interior,  Obras  Públicas,  Vivienda,  Trabajo,  Economía  y  
Finanzas  y
Seguridad y Defensa.

El Gabinete podrá requerir la intervención, permanente o transitoria, de las 
restantes áreas
de gobierno, cuando estime necesario o las materias a tratar así lo requieran.

Artículo 18.- Funciones. Son funciones del Gabinete Federal de Humedales:

a)   Formular recomendaciones, propuestas y/o dictámenes conducentes a la 
conservación
y mantenimiento de la integridad ecológica y restauración de humedales.

b)   Elaborar y coordinar la realización del INH y sus actualizaciones.

c)   Crear programas de promoción e incentivo a la investigación.

d)   Desarrollar campañas de capacitación, educación e información ambiental 
conforme
a los objetivos de la presente ley.

e)   Diseñar  programas  de  asistencia  técnica  y  financiera  para  pequeñas 
 y  pequeños
productores  y comunidades  locales  a  fin de  propender,  cuando  
correspondiere,  su
adaptación a los objetivos de la presente ley.

f)   Realizar anualmente un informe sobre el empleo de los fondos transferidos 
durante el
ejercicio anterior que incluirá los montos por provincias y categorías de 
humedales.
Dicho informe será publicado por la Autoridad de Aplicación Nacional a través de
medios de comunicación oficiales e integrará el Informe Ambiental Anual previsto
por el artículo 18 de la ley 25.675.

g)   Llevar a cabo inspecciones periódicas, conjuntamente con el Consejo 
Asesor, sobre
los humedales de todo el territorio de la Nación a los fines de informar, 
controlar y
monitorear el cumplimiento de la presente ley.


Artículo  19°.  -  Coordinación  Técnica  Administrativa.   El  Gabinete  
Federal  de
Humedales será coordinado por un Coordinador Técnico Administrativo quien tiene 
la
función  de  elaborar  los  documentos  técnicos,  ejecutar  el  plan  de  
trabajo  y brindar  la
asistencia necesaria para el funcionamiento de todas las instancias de trabajo 
del Gabinete
Nacional de Cambio Climático. Esta función será llevada a cabo por la máxima 
autoridad
responsable de cambio climático de la Secretaría de Gobierno de Ambiente y 
Desarrollo
Sustentable o quien ésta designe.

Artículo 20°. -   Reglamento. El Gabinete Federal de Humedales deberá 
establecer su
reglamento interno de funcionamiento.

Artículo  21°.  -   Aplicación.  Las  distintas  áreas  que  integran  el  
Gabinete  Federal  de
Humedales deberán aplicar, dentro de sus respectivas competencias, las 
resoluciones y/o
acciones emanadas por este organismo, e informar sobre los avances y 
modificaciones de
cada iniciativa o proyecto en donde esté involucrado un humedal identificado y 
declarado
como tal.

Artículo 22°. - Consejo Asesor. El Gabinete Federal de Humedales debe convocar 
a un
Consejo Asesor Externo, en el marco del diseño e implementación del Plan 
Nacional de
Humedales, con carácter consultivo y permanente, cuya función es la de asistir 
y asesorar
en la elaboración de políticas públicas relacionadas con la presente ley.

El Consejo Asesor será integrado por:

a)   Investigadores, científicos y/o expertos de reconocida trayectoria en el 
campo de la
producción de conocimiento sobre humedales.

b)   Representantes de organizaciones ambientales, comunidades campesinas e 
indígenas,
universidades,  entidades  académicas  y  empresariales,  y  centros  de  
investigación
públicos       y privados con antecedentes académicos y científicos o con 
trayectoria en la
materia.

c)   Un  legislador/a  en  representación  de  la  Comisión  de  Ambiente  de  
la  Honorable
Cámara de Diputados de la Nación.

d)   Un  legislador/a  en  representación  de  la  Comisión  de  Ambiente  de  
la  Honorable
Senado de la Nación.

e)   Los integrantes del Consejo no podrán percibir retribución o emolumento 
alguno por
integrar este órgano.

Artículo 23.- Tratamiento obligatorio.  Las recomendaciones o propuestas 
emanadas
del Consejo Asesor son de carácter consultivo y consideración obligatoria por 
el Gabinete


Federal de Humedales, que deberá explicitar de qué manera las ha tomado en 
cuenta y,
en su caso, las razones por las cuales las desestima.

Artículo 24.- Obligación de Informar. Los organismos centralizados y 
descentralizados
que  componen  el  Poder  Ejecutivo  nacional  deben  aportar  toda  
información  y  datos
existentes  y  disponibles,  requeridos  por  la  Autoridad  Nacional  de  
Aplicación  o  el
Gabinete Nacional de Cambio Climático para el cumplimiento de la presente ley.

Capítulo V
Ordenamiento Territorial de Humedales

Artículo 25.-  Ordenamiento Territorial  de  Humedales.  Las  provincias  y la  
CABA
tendrán el deber de llevar a cabo sus respectivos planes de Ordenamiento 
Territorial de
Humedales (OTH), de acuerdo a las disposiciones de la presente ley, en 
congruencia con
la información producida por el Inventario Nacional de Humedales y sobre la 
base de una
perspectiva  integral   que  considere  tanto  a  los  humedales  como  a  los  
ambientes
relacionados, contemplando las características propias de cada uno y sus 
interrelaciones.
Asimismo, el OTH deberá  adoptar el criterio de ecología del  paisaje, 
considerando la
sinergia  con  el  enfoque  ecosistémico  y  el  manejo  integrado  de  cuencas 
 hídricas,  los
principios  de  política  ambiental  de  la  Ley  General  del  Ambiente  N°  
25.675,  el
establecimiento de usos prohibidos y permitidos, en función de los impactos que 
estos
generan y la resiliencia de los ecosistemas.

A tal fin, cada Ordenamiento Territorial deberá adoptar los siguientes 
criterios:

a)   Establecer, en el marco de un proceso abierto y participativo, en un plazo 
máximo de
dos (2) años a partir de la finalización  del nivel  III, el ordenamiento 
territorial de
humedales, de acuerdo con las categorías previstas en el identificando a tales 
áreas
como de gestión especial diferente de las terrestres y garantizando el 
mantenimiento
de su régimen hidrológico e integridad ecológica.

b)   Determinar cuáles son las actividades prioritarias y modos de ocupación de 
las áreas
de   humedales,   identificando   aquellas   que   sean   sostenibles   y   
garanticen   el
mantenimiento de los servicios y funciones ecosistémicas que brindan y el 
respeto de
su valor inherente.


c)   Establecer   una   estricta   limitación   para   todos   aquellos   
desarrollos   urbanos,
agropecuarios e industriales, como así también de cualquier otra actividad 
antrópica
susceptible de dañar a los humedales, como así también de aquellas áreas 
adyacentes
que  puedan  afectar  la  sustentabilidad  de  los  mismos,  sus  servicios  y  
funciones
ecosistémica y su valor inherente.

d)   Establecer  la  realización  de  la  correspondiente  Evaluación  de  
Impacto  Ambiental
(EIA)  y Evaluación  Ambiental  Estratégica  (EAE),  según  corresponda,  
previo  a  la
ejecución de cualquier obra de infraestructura o actividad humana que pudiera 
afectar
la  integridad  ecológica  de  los  ecosistemas  de  humedales,  no  
admitiéndose  las
autorizaciones estatales condicionadas y considerando los efectos acumulativos 
y/o
sinérgicos   expresados   en   las   escalas   incluidas   en   el   Inventario 
  Nacional   de
Humedales. En estos casos, se deberán garantizar instancias de participación 
social y
ciudadana  en  forma  previa  a  cualquier  autorización  y/o  ejecución,  
conforme  a  la
normativa vigente.

e)   Involucrar   efectivamente   a   representantes   del   campo   
científico,   académico   y
universitario,  de  organizaciones  de  la  sociedad  civil,  comunidades  
campesinas  e
indígenas  y  personas  en  el  diseño,  implementación  y  monitoreo  de  las  
políticas
públicas dirigidas a cumplir con los objetivos de la presente ley.

Artículo 26°.  -   Moratoria.  En  los  humedales  plenamente  reconocidos,  
así  como  en
aquellos  ecosistemas  que  se  presuman  razonablemente  como  tales,  hasta  
tanto  no  se
finalice el Inventario Nacional de Humedales y las jurisdicciones respectivas 
no finalicen
el Ordenamiento Territorial de Humedales, se deben tomar precauciones 
especiales a los
fines  de  garantizar  la  aplicación  de  los  objetivos  y  principios  de  
política  ambiental
contenidos en la Ley Nacional N° 25.675.

Para aquellas jurisdicciones donde se evalúe la realización de obras o 
actividades nueva
o modificación de las existentes, que impliquen cambios del uso del suelo, 
queda a cargo
de los proponentes la realización de un inventario del área de influencia del 
proyecto
(Nivel 4) respetando los lineamientos técnicos del Inventario Nacional de 
Humedales y
la  presentación  del  Estudio  de  Impacto  Ambiental  correspondiente,  con  
el  objeto  de


estudiar la distribución de los humedales como base para evaluar los posibles 
impactos y
afectación de sus funciones ecosistémicas.

Con anterioridad al otorgamiento de las aprobaciones correspondientes, las 
jurisdicciones
provinciales  deberán  realizar  el  ordenamiento  ambiental  del  área  de  
influencia  del
proyecto.

Capítulo VI

Fondo Nacional de Humedales

Artículo 27°. - Creación del Fondo Nacional de Humedales. Créase el Fondo 
Nacional
de Humedales (FNH), que será administrado por la Autoridad de Aplicación 
Nacional y
estará integrado por:

a)   Las sumas que le asigne el Presupuesto General de la Nación, las cuales no 
podrán
ser inferiores al cero coma tres por ciento (0,3%) del presupuesto nacional.

b)   Las subvenciones, donaciones, legados, aportes y transferencias de otras 
reparticiones
o de personas físicas o jurídicas, organizaciones nacionales e internacionales.

c)   Los intereses y rentas de los bienes que posea.

d)   Los recursos que fijen leyes especiales.

El Poder Ejecutivo Nacional, el enviar el proyecto de presupuesto  general de 
gastos y
cálculo de recursos, deberá incluir las partidas presupuestarias 
correspondientes al Fondo
Nacional de Humedales, conforme a los establecido en la presente ley.

Artículo 28°. - Destino. Los recursos del Fondo creado en el artículo 
precedente sólo
podrán ser destinados a los fines taxativamente enumerados en este artículo:

a)   Las actividades y tareas tendientes a la aplicación de esta ley, 
incluyendo adquisición
de bienes y servicios necesarios para el cumplimiento del objeto de la misma.


b)   La compensación a las jurisdicciones que conservan sus humedales por los 
servicios
ecosistémicos que éstos brindan.

c)   La  creación  y  desarrollo  de  una  institución  permanente  para  la  
realización  del
Inventario Nacional de Humedales y sus correspondientes actualizaciones.

d)   La   promoción   de   actividades   que   concurran   a   asegurar   la   
mejor   difusión   y
conocimiento de las actividades contempladas en esta ley.

e)   La realización de cursos, estudios e investigaciones.

f)   La  implementación  de  redes  de  monitoreo  y  sistemas  de  información 
 de  los
humedales.

g)   El  desarrollo  y  actualización  del  Ordenamiento  Territorial  de  
Humedales  y  sus
correspondientes actualizaciones.

h)   Los gastos de personal, gastos generales e inversiones y equipamiento que 
demande
la aplicación de esta ley.

i)    El desarrollo de programas de educación ambiental generales y específicos 
de  los
humedales.

j)    La promoción de acciones que concurran a asegurar la mejor difusión y 
conocimiento
de las actividades contempladas en la ley.

k)   El apoyo a iniciativas de organizaciones de la sociedad civil 
comprometidas con  la
conservación de los humedales.

l)    Promover  los  mecanismos  que  garanticen  la  participación  pública  
en  las  políticas
públicas relativas a humedales.


El o la funcionaria que autorice gastos con fines distintos a los previstos en 
el presente
artículo  será  responsable  civil  y penalmente  del  daño  ocasionado,  sin  
perjuicio  de  la
responsabilidad administrativa que se le asigne.

Artículo  29°.  -  Asistencia  económica  y  financiera.  El  Ministerio  de  
Ambiente  y
Desarrollo Sostenible de la Nación o el organismo que en el futuro lo 
reemplace, con los
recursos del Fondo Nacional de Humedales, brindará la asistencia económica y 
financiera
para realizar los planes de Ordenamiento Territorial de Humedales que 
correspondan a la
Ciudad Autónoma de Buenos Aires y las provinciales de cada jurisdicción, cuando 
así lo
soliciten.

Capítulo VII
Título I

Sanciones administrativas

Artículo 30°. - Sanciones. Las sanciones al incumplimiento de la presente ley y 
de las
reglamentaciones   que   en   su   consecuencia   se   dicten,   sin   
perjuicio   de  las   demás
responsabilidades que pudieran corresponder, serán las que se fijen en cada una 
de las
jurisdicciones  conforme  a  su  legislación,  las  que  no  podrán  ser  
inferiores  a  las  aquí
establecidas.

Las jurisdicciones que no cuenten con un régimen de sanciones aplicarán 
supletoriamente
las siguientes sanciones que corresponden a la jurisdicción nacional:

a)   Apercibimiento.

b)   Multa entre uno (1) y cincuenta mil (50.000) Salarios Mínimo Vital y 
Móvil.

c)   Revocación de las autorizaciones u otras habilitaciones administrativas.

d)   Suspensión  de  hasta  tres  (3)  años  en  la  matrícula  profesional  y  
los  registros  de
consultores respectivos, o cancelación, según el caso.

e)   Cese definitivo de la actividad.


Estas sanciones serán aplicables previo sumario sustanciado en la jurisdicción 
en donde
se realizó la infracción y se regirán por las normas de procedimiento 
administrativo que
correspondan  asegurándose  el  debido  proceso  legal  y  se  graduarán  de  
acuerdo  a  la
naturaleza de la infracción.

Título II
Régimen Penal

Artículo 31°. -  Será reprimido con prisión de dos (2) a seis (6) años el que, 
de un modo
peligroso  para  la  salud  humana  o  la  naturaleza,  envenenare,  
adulterare,  incendiare,
emitiere radiaciones o ruidos, arrojare contaminantes en el suelo, atmosfera o 
el agua,
destruyendo  o  de  cualquier  modo  dañando  significativamente,  en  todo  o  
en  parte,
humedales, cuando se encontraren legalmente protegidos.

La pena del artículo anterior se reducirá a la mitad contra el que invada, 
endique, usurpe,
despoje,  deseque,  rellene,  desvié  cursos  de  agua  o  explote  ilegalmente 
 la  diversidad
biológica  de  humedales  legalmente  protegidos,  provocando  su  alteración,  
deterioro  o
disminución.

En estos casos, la Autoridad de Aplicación deberá solicitar la demolición de la 
obra el
humedal o su área de protección, como así también proceder a su inmediata 
restauración,
atendiendo  a  su  integridad  ecológica,  servicios  y  funciones  
ecosistémicas  y  valor
inherente.

Si del hecho derivare la muerte de alguna persona, la pena será de diez (10) a 
veinticinco

(25) años de reclusión o prisión.

Quedan  excluidos  de  las  penas  establecidas  en  el  primero  y segundo  
párrafo  quienes
realizaren aprovechamiento de humedales para su subsistencia con el exclusivo 
objeto de
satisfacer necesidades básicas personales o de su grupo familiar o comunitario.

Artículo 32°. - Cuando uno de los hechos previstos en el artículo anterior 
fuere cometido
por imprudencia o negligencia en el propio arte o profesión, la pena será de un 
(1) mes a
dos (2) años de prisión, e inhabilitación especial por idéntico término.


Si como consecuencia del hecho derivare la muerte de alguna persona, la pena 
será de
seis (6) meses a cinco (5) años, e inhabilitación especial de cinco (5) a diez 
(10) años.

El mínimo de la pena se elevará a un (1) año si fueren más de una las víctimas 
fatales.

Artículo 33°. - Cuando alguno de los hechos previstos en el presente título se 
hubiese
producido por decisión de una persona jurídica, las penas  previstas se 
aplicarán a los
directores,  gerentes,  síndicos,  miembros  del  consejo  de  vigilancia,  
administradores,
mandatarios o representantes de la misma que se hubiesen desempeñado al momento 
del
hecho,  sin perjuicio de las demás responsabilidades penales que pudiesen 
existir.

Capítulo VIII
Disposiciones complementarias

Artículo 34°. - Alcance. Las disposiciones establecidas en la presente ley 
serán de plena
aplicación desde su promulgación por las autoridades competentes de cada 
jurisdicción.

Artículo 35°. -  En los casos de humedales que hayan sido afectados por 
incendios o por
otros  eventos  naturales  o  antrópicos  que  los  hubieren  degradado,  
corresponde  a  la
autoridad  de  aplicación  nacional  conjuntamente  con  la  autoridad  de  
aplicación  de  la
jurisdicción  respectiva,  la  realización  de  tareas  inmediatas  para  su  
recuperación  y
restauración,  manteniendo  la  categoría  de  clasificación  que  hubiere  
definido  en  el
Inventario Nacional de Humedales.

Artículo 36°. - Principio de  protección ambiental.   En caso de áreas o 
ecosistemas
comprendidos por otras normativas de protección ambiental, se complementará con 
lo
previsto     en  la  presente  ley,  y  en  caso  de  superposición  
prevalecerá  la  que  mayor
protección ambiental otorgue.

Artículo 37°. - Ámbito de aplicación. La presente ley rige en todo el 
territorio de la
Nación,  sus  disposiciones  son  de  orden  público  y se  utilizan  para  la  
interpretación  y
aplicación de la legislación específica sobre la materia.

Artículo 38°. - De forma. Comuníquese al Poder Ejecutivo Nacional.


FUNDAMENTOS

Señor presidente:

El texto del presente proyecto de ley fue presentado en reiteradas oportunidades
ante el Congreso de la Nación¹.

En el año 2013 dos proyectos – uno presentado por la Senadora Elsa Ruiz Díaz
(MC)  y  otro  por  el  Senador  Rubén  Giustiniani  (MC)  –  llegaron  a  la  
cámara  alta  y
obtuvieron   la   media   sanción   gracias   al   acompañamiento   unánime   
del   cuerpo².
Lamentablemente, el proyecto perdió estado parlamentario en la Cámara de 
Diputados y
Diputadas de la Nación.

En  el  año  2015  el  Senador  Fernando  Solanas  (Proyecto  Sur)  insistió  
con  este
proyecto por medio del expediente 4279/15³. El mismo fue debatido ampliamente 
en las
comisiones de Ambiente y Desarrollo Sustentable y de Agricultura, Ganadería y 
Pesca
del Honorable Senado de la Nación (HSN), donde obtuvo dictamen bajo Orden del 
Día
1054/16. Nuevamente fue aprobado en la sesión del 30 de noviembre de 2016 
respetando
el apoyo de numerosas organizaciones de la sociedad civil que clamaron por la 
urgente
necesidad de una ley de protección de humedales. Sin embargo, la HCDN – otra 
vez – no
avanzó en su debate y discusión y el expediente volvió a perder estado 
parlamentario.

¹ Una descripción detallada sobre el derrotero de las iniciativas legales sobre 
humedales en el Congreso
Nacional puede leerse en Machain, Natalia: “Es mentira que les interesa una ley 
de humedales”. En FARN:
Informe Ambiental 2018. Buenos Aires. Págs. 100-101.

² Fue el 13 de noviembre de 2013. El proyecto S-1628/13, autoría de la senadora 
(MC) Ruiz Díaz, contó
con el aporte de la Fundación Wetlands International. El proyecto 3487/2013, 
autoría del Senador (MC)
Giustiniani, contó con la colaboración de las siguientes organizaciones de la 
sociedad civil: Guardianes del
Iberá (Corrientes) y el grupo “El Paraná No se Toca” (Santa Fe); la 
colaboración y asesoramiento científico-
técnico del Grupo de Investigación en Ecología de Humedales (GIEH), Laboratorio 
Ecología Ambiental y
Regional, Facultad de Ciencias Exactas y Naturales, Universidad de Buenos 
Aires, dirigido por el Dr. Fabio
Kalesnik, el Lic. Ricardo Vicari y el Lic. Roberto Bo.

³ Otros firmantes fueron Jaime Linares – Nancy S. González – Gerardo A. 
Montenegro – Carlos A. Caserio

– Mirtha M. T. Luna – Liliana B. Fellner – Alfredo H. Luenzo –Sandra D. 
Giménez- Alfredo A. Martínez

– María E. Labado – Marcelo J. Fuentes – Dalmacio E. Mera – Juan C. Marino – 
María M. Odarda – María
de los Ángeles Sacnun.


Finalmente, en el año 2018 el proyecto fue nuevamente ingresado ante el HSN bajo
el  número  de  expediente  S-1179/18.  En  dicha  oportunidad  no  pudo  
siquiera  obtener
dictamen de comisión perdiendo – una vez más – su estado parlamentario.

Por los motivos que expondremos a continuación, entendemos que resulta oportuno
insistir con este proyecto, aunque en está ocasión, originando el tratamiento 
del mismo
desde la cámara baja.

*

A través de este nuevo proyecto procuramos responder a una demanda ciudadana y
social  que  impulsa la protección específica de los humedales debido a los 
gravísimos
conflictos socioambientales que su uso irresponsable continúa generando⁴.

El fin de esta iniciativa es establecer los presupuestos mínimos para la 
conservación
de los humedales conforme al mandato que se desprende del tercer párrafo del 
artículo
41 de nuestra Constitucional Nacional que afirma “Corresponde a la Nación, 
dictar las
normas que contengan los presupuestos mínimos de protección…”.

En  este  sentido,  como  lo  establece  la  Ley  General  del  Ambiente  
25.675  en  su
artículo 6°, un presupuesto mínimo es “…toda norma que concede una tutela 
ambiental
uniforme  o  común  para  todo  el  territorio  nacional,  y  tiene  por  
objeto  imponer
condiciones necesarias para asegurar la protección ambiental. En su contenido, 
debe
prever   las   condiciones   necesarias   para   garantizar   la   dinámica   
de   los   sistemas
ecológicos,  mantener  su  capacidad  de  carga  y,  en  general,  asegurar  la 
 preservación
ambiental y el desarrollo sustentable”.

Sin perjuicio del sistema de protección de parques nacionales establecidos en 
la ley
22.351, también conocido como Áreas Naturales Protegidas (ANP), el estatus 
jurídico de
los humedales llegó a nuestro país de la mano de la Convención Relativa a los 
Humedales

⁴  Para  la  elaboración  del  presente  proyecto,  este  despacho  recurrió  a 
 un  considerable  número  de
investigaciones, informes y documentos elaborados por científicos/as, 
universidades y organizaciones de
la   sociedad   civil.   En   particular   queremos   destacar   los   
siguientes   aportes:   “Documento   Vivo.
Recomendaciones y fundamentos para una Ley de Presupuestos Mínimos de 
Humedales”. 2020; “Ley de
humedales ya. Por una ley que proteja a los humedales del territorio 
Argentino”. 2019.


de Importancia Internacional Especialmente como Hábitat de Aves Acuáticas, 
aprobada
por ley 23.919 – en adelante denominada como “Convención de Ramsar”.

Sin  embargo,  una  lectura  preliminar  de  la  convención  nos  revela  que  
sus
disposiciones – más allá de sus loables intenciones – no han colocado a las 
partes ante
obligaciones   lo   suficientemente   robustas   en   orden   a   proteger   
efectivamente   los
humedales.

En ese sentido, la convención recurre a un vocabulario potencial combinado con
exhortaciones y deberes decididamente tímidos. Asimismo, llama la atención la 
ausencia
de principios  y objetivos o de un catálogo mínimo de actividades y obras 
prohibidas;
tampoco   propone   definiciones   sobre   expresiones   que   podrían   
considerarse   como
esenciales a los fines de evitar malas interpretaciones.

En  rigor,  la  Convención  apenas  desliza  algunas  acciones  positivas  
mínimas.  A
modo de ejemplo, dispone que cada estado parte debe designar humedales en su 
territorio
para ser incluidos en una lista (art. 2. 1); que esa “lista” deberá basarse en 
la importancia
internacional  de  los  humedales  “…en  términos  ecológicos,  botánicos,  
zoológicos,
limnológicos  o  hidrológicos”  (art.  2.2); otro  artículo  dispone  que  
deberá  elaborarse  y
aplicar una “…planificación de forma que favorezca la conservación de los 
humedales
incluidos en la Lista y, en la medida de lo posible, el uso racional de los 
humedales de
su territorio” (art. 3.1); y que cada parte contratante “...tomará las medidas 
necesarias
para  informarse  lo  antes  posible  acerca  de  las  modificaciones  de  las  
condiciones
ecológicas de los humedales situados en su territorio e incluidos en la Lista, 
y que se
hayan producido o pueden producirse como consecuencia del desarrollo 
tecnológico, de
la contaminación o de cualquier otra intervención del hombre” (art. 3.2). 
Finalmente, la
convención afirma que cada estado firmante “fomentará” la conservación de 
humedales
(art. 4.1). Lo más parecido a una obligación concreta es la compensación que un 
estado
debe realizar en casa de retirar un humedal de su lista (4.2).

No  obstante,  a  pesar  de tener  un marco normativo  débil a  nivel  federal  
por  vía
convencional, existen provincias y municipios que han brindado mayor protección 
a los
humedales por medio de normas locales, pero apelando a la táctica basada en la 
creación
de ANP.


En este sentido, recientemente, la Corte Suprema de Justicia de la Nación en 
autos
Majul, Julio Jesús c/ Municipalidad de Pueblo General Belgrano y otros s/ 
acción de
amparo  ambiental,  del  11  de  julio  de  2019,  hizo  lugar  a  un  recurso  
extraordinario
interpuesto  por  un  grupo  de  vecinos  y  vecinas  que  cuestionaron  el  
emprendimiento
inmobiliario de Barrio Náutico Amarras, el cual comprendía una fracción de 
terreno de
445 lotes, un proyecto de construcción de 200 unidades departamentales y un 
hotel de
150  habitaciones  cuyo  emplazamiento  comenzó  a  desarrollarse  sobre  un  
humedal  del
Departamento de Gualeguaychú declarado como “área natural protegida” por medio 
de
la  ley  provincial  9718  y  que  también  encuentra  protección  en  el  
artículo  85  de  la
Constitución de Entre Ríos. El máximo tribunal constató groseros vicios 
procedimentales
y  de  fondo  rechazando  la  continuidad  del  proyecto  inmobiliario  en  
razón  de  sus
previsibles impactos permanentes e irreversibles como así también la 
remediación de los
daños hasta entonces ocasionados (ver especialmente los considerandos 10, 11, 
12 y 13).

Por estos motivos, a nivel federal es indispensable dictar una ley de 
presupuestos
mínimos con la propuesta, que se encuentre a la altura de los niveles de 
protección que
los humedales nos están reclamando.

**

Los   humedales   son   ecosistemas   particulares   cuyos   rasgos   
estructurales   y
funcionales dependen de características climáticas regionales, pero 
fundamentalmente de
condiciones locales hidrológicas y geomorfológicas.

También son considerados como recursos naturales con un gran valor estratégico
trascendental, como son las grandes reservas de agua dulce y recarga de 
acuíferos. Sin
embargo, estas reservas se encuentran actualmente en vías de desaparición y 
degradación
progresiva debido a los impactos de actividades humanas que se desarrollan en 
ellos y
que ponen en evidencia su alto grado de vulnerabilidad⁵.

⁵ Dice la Convención que los humedales son aquellas “…extensiones de marismas, 
pantanos y turberas, o
superficies  cubiertas  de  aguas,  sean  éstas  de  régimen  natural  o  
artificial,  permanentes  o  temporales,
estancadas  o  corrientes,  dulces,  salobres  o  saladas,  incluidas  las  
extensiones  de  agua  marina  cuya
profundidad  en  marea  baja  no  exceda  de  seis  metros”  (art.  1.1).   Por 
 su  parte,  la  CSJN  ha  recurrido
recientemente – en autos Majul, Julio Jesús c/ Municipalidad de Pueblo General 
Belgrano y otros s/ acción


De acuerdo a la literatura internacional especializada en humedales a los fines 
de
esclarecer  cuando  un  ambiente  puede  ser  definido  como  humedal,  se  
enumeran  tres
condiciones fundamentales: 1) que el sustrato es predominantemente un suelo 
hídrico no
saturado o el sustrato no es suelo y está saturado con agua o cubierto con 
aguas someras,
por  algún  tiempo,  particularmente  durante  la estación  de  crecimiento  de 
cada  año;  2)
poseer suelos donde dominan procesos anaeróbicos y fuercen a la biota, 
particularmente
a las plantas arraigadas, a presentar adaptaciones para tolerar la inundación; 
y 3) poseer
plantas hidrófitas, al menos, periódicamente.

A lo largo de la historia de la humanidad los humedales han constituido sitios 
de
gran atracción  donde florecieron culturas importantes debido a la oferta de 
agua y de
numerosos  recursos  naturales  básicos.  Aún  es  factible  encontrar  
indicios  de  esta
ocupación temprana y de las distintas modalidades de uso de sus recursos en 
humedales
de las más diversas regiones de la Tierra (Viñals et al. 2002).

Durante el último siglo, sin embargo, el desconocimiento de sus funciones y los
bienes   y  servicios   que   proveen   a   la  sociedad,   por  cuestiones   
relacionadas  a   la
especulación económica, entre otras, provoca que los humedales hayan sido 
considerados
tierras  improductivas  y  focos  de  generación  de  enfermedades,  al  margen 
 de  las
actividades  productivas  tradicionales.  Esta  perspectiva  ha  fundamentado  
su  drenado,
rellenado y también la derivación de cursos de agua para permitir ganar tierras 
para usos
terrestres  (agropecuarios,  forestales,  zootécnicos  o  urbanos)  o  usos  
exclusivamente
acuáticos   (represas,   acuicultura)   y   ha   descuidado   cuestiones   
relacionadas   a   su
degradación por contaminación y sobre uso.

Actualmente la degradación  y pérdida de ecosistemas acuáticos y de humedales
tiene lugar de manera más acelerada que la de los ecosistemas terrestres, ya 
que en ellos
no se suelen usar esquemas de producción sustentable. Hoy, en los países 
desarrollados

de amparo ambiental, del 11 de julio de 2019 -  al documento "Valoración 
económica de los humedales"
(Oficina  de  la  Convención  de  Ramsar  de  1997),  que  define  a  los  
humedales   como  "tierras  anegadas
periódicamente  como  resultado  del  desbordamiento  de  los  ríos  (por  
ejemplo,  llanuras  de  inundación,
bosques anegados y lagos de meandro)", destacando valiosas funciones 
ecosistémicas como el "control de
crecidas/inundaciones" puesto que almacenan grandes cantidades de agua durante 
las crecidas y reducen el
caudal máximo de los ríos y, por ende, el peligro de inundación aguas abajo. 
Entre muchas otras funciones,
conviene destacar  la de "protección de tormentas", "recarga de acuíferos" y 
"retención de sedimentos y
agentes contaminantes" (considerando 12).


se realizan inversiones millonarias con el fin de restaurar los humedales y 
recuperar los
bienes y servicios perdidos, independientemente de que su resultado desde la 
perspectiva
del costo-beneficio (incluyendo las externalidades) sea limitado.

Quizás esta sea una de las razones por la cual los humedales representan apenas 
el
5-8%  de  la  superficie  terrestre,  a  pesar de  existir  un  consenso  
unánime  en  torno a  la
importancia de estos ecosistemas desde el punto de vista social, cultural y 
ambiental. Sin
ir más lejos, y a pesar de que existen 2300 humedales declarados como sitio 
ramsar en el
mundo, el Informe Ambiental 2018 afirma que “…se estima que a nivel global 
estos han
disminuido rápidamente, con pérdidas del 35 % desde 1970. La superficie 
cubierta por
humedales  continentales  y  costeros  supera  hoy  los  12,1  millones  de  
km2,  aunque  se
evidencia una pérdida de humedales naturales que no compensa un pequeño 
crecimiento
de  los  artificiales”  (Secretaría  de  la  Convención  de  Ramsar,  2018,  
citado  en  Informe
Ambiental 2018, 300).

Según  la  Evaluación  de  los  Ecosistemas  del  Milenio  (2005)⁶,  los  
humedales  se
encuentran entre los ecosistemas más afectados y con mayor amenaza de pérdida 
por las
actividades humanas, motivo por el cual diversos convenios y tratados 
internacionales
solicitan establecer inventarios y medidas para su conservación.

Entre   los   diversos   impactos   se   registran   algunos   como   ser:   la 
  ganadería
(fundamentalmente  realizada  por  alguna  modificación  de  las  pasturas  
naturales,  por
pastoreo - consumo selectivo - y también por el uso que los ganaderos hacen del 
fuego
para  favorecer  el  rebrote  de  los  pastos);  la  forestación  con  especies 
 exóticas,  que  ha
cobrado mucha importancia a partir de la década del 90´, y que si bien tienen 
menores
efectos  que  otras  formas  de  agricultura  produce  cambios  importantes  en 
 el  ambiente
(sustitución del paisaje nativo por una cobertura homogénea, mayor consumo de 
agua y
el aumento del riesgo de incendios y su propagación); y los grandes 
emprendimientos

⁶ La Evaluación de los Ecosistemas del Milenio (EM) tuvo como objetivo evaluar 
las consecuencias de los
cambios en los ecosistemas para el bienestar humano y las bases científicas 
para las acciones necesarias
que  tiendan  a  mejorar  la  conservación  y el uso  sostenible  de  los  
mismos,  así como  su  contribución  al
bienestar  humano.  La  EM  ha  involucrado  el trabajo  de  más  de  1.360  
expertos  de todo  el  mundo.  Sus
conclusiones,  contenidas  en  cinco  volúmenes  técnicos  y  seis  informes  
de  síntesis,  proporcionan  una
valoración  científica  de  punta  sobre  la  condición  y  las  tendencias  en 
 los  ecosistemas  del  mundo  y  los
servicios que proveen (tales como agua, alimentos, productos forestales, 
control de inundaciones y servicios
de los ecosistemas) y las opciones para restaurar, conservar o mejorar el uso 
sostenible de los ecosistemas
(Ver: http://www.unep.org/maweb/es/Index.aspx  ,16 de marzo de 2013).


arroceros  en  algunas  zonas  donde  se  altera  el  ecosistema  debido  a  la 
 sistematización
hidráulica del terreno para favorecer la inundación del suelo, la roturación 
periódica de la
tierra,  la  extracción  de  agua  de  las  lagunas  para  el  cultivo  y  la  
incorporación  de
agroquímicos a los esteros y las lagunas por efecto de las lluvias.

Por otra parte, los humedales de origen natural son también hábitats para más de
250  especies  de  aves  en  Argentina  que  tienen  relación  directa  y  
dependen  de  estos
ecosistemas  para  su  existencia.  Entre  ellas,  los  playeros  o  chorlos  
migratorios  del
hemisferio  norte  (Charadriidae  y  Scolopacidae)  utilizan  los  humedales  
del  sur  para
abastecerse luego de recorrer en algunos casos más de diez mil (10.000) 
kilómetros desde
su      área de reproducción.

En  nuestro  país  existen  especies  migratorias  exclusivas  como  el  macá  
tobiano
(Podicepsgallardoi) que utilizan humedales durante todo su ciclo de vida. La 
desaparición
de  estos  ecosistemas  implicaría  una  severa  amenaza  para  su  
supervivencia.  Por  ello
resulta  fundamental  asegurar  la  conservación  desde  todo  punto  de  
vista:  económico,
científico, jurídico y ambiental.

Humedales de la República Argentina

La gran extensión de nuestro país y su variación latitudinal y altitudinal 
determinan
la existencia de una gran diversidad y riqueza de humedales. Sin embargo, la 
distribución
no  es  regular  en todas las  regiones.  Por  ejemplo,  en el noreste del país 
 hay una  gran
abundancia de ambientes acuáticos; en cambio, en zonas áridas  y semiáridas 
como la
Puna       el  agua  suele  ser  una  limitante  para  el  desarrollo  de  la  
vida  y  las  actividades
humanas.

Nuestro país posee seis grandes regiones de humedales: Cuenca del Plata, Chaco,
Pampas, Patagonia, Puna y Zona Costera Patagónica⁷.

⁷  La  descripción  de  las  regiones  de  humedales  se  realizó  tomando  
como  base:  “Los  Humedales  de  la
Argentina. Clasificación, situación actual, conservación y legislación”, 
Canevari, P., Blanco, D., Bucher,
E.,    Castro,    G.    y    Davidson    I.    (eds.),    1998,    Wetlands    
International    Publ.    46,    Argentina.
www.ambiente.gov.ar/gtra.publicaciones.humedales_argentina


Cuenca del Plata: Es la principal cuenca hídrica de la Argentina. Se desarrolla 
en un
territorio predominantemente llano, de clima benigno y suelos fértiles. Reúne 
la mayor
concentración humana e industrial del continente, incluyendo las principales 
ciudades de
Brasil y Argentina. También importantes áreas de desarrollo agrícola. Se 
caracteriza por
sus  grandes  ríos,  como  el  Paraná,  con  su  vasta  llanura  de  
inundación,  en  donde  se
encuentran una gran variedad de humedales como lagunas, esteros, pantanos, 
bañados y
madrejones. El río tiene un período de aguas bajas en invierno, y otro de 
crecientes en
primavera y verano, durante el cual se inundan amplias zonas, cubriendo islas y 
tierras
aledañas.

Al bajar las aguas quedan lagunas aisladas donde se desarrollan vegetación y 
fauna,
en particular muchos peces que penetran en los primeros estadios de su vida, 
buscando
refugio y alimentación. Los principales humedales identificados para esta 
Región son la
Cuenca del Río Riachuelo, el Sistema del Iberá, el Río Uruguay, el Río Paraná, 
el Río
Paraguay, el Río Iguazú y sus cataratas, el Delta Paranaense y el Río de la 
Plata.

Chaco:  Es  una  gran  planicie  en  la  que  dominan  los  bosques  xerófilos  
y  las  sabanas
húmedas y semiáridas.  Las precipitaciones disminuyen de este a oeste y 
presentan un
régimen estacional con mayores lluvias en verano y un período seco en el 
invierno. Posee
una gran abundancia y diversidad de humedales. Se caracteriza por la presencia 
de un
gran número de depresiones naturales que originan lagunas temporarias y 
permanentes.

Entre los principales humedales identificados para esta región se encuentran los
Bañados   La   Estrella,   del   Quirquincho,   del   Itiruyo   y   de   
Figueroa,   los   Bajos
Submeridionales, las Salinas Grandes y de Ambargasta  y las Lagunas de 
Guanacache,
entre otros. Al sur de la región chaqueña se encuentra la cuenca de la laguna 
salobre de
Mar Chiquita, que se destaca por tener una extensión de cerca de un millón de 
hectáreas
y ser la mayor cuenca cerrada (endorreica) del país.

Pampas: La región de las Pampas está constituida por una extensa planicie 
salpicada de
lagunas de agua dulce o salobre, en general de escasa profundidad. Además de 
las lagunas
permanentes o semipermanentes, se generan en la zona una enorme cantidad de 
cuerpos
de agua temporarios que tienen un papel fundamental para la fauna regional, así 
como
para la recarga de las napas freáticas y distribución de nutrientes.


Los  beneficios  de  las  lagunas  pampeanas  incluyen  la  recarga  y  
descarga  de
acuíferos,  control  de  inundaciones,  provisión  de  agua,  regulación  del  
clima,  usos
recreacionales, caza y pesca. Entre los principales humedales de esta región se 
encuentran
la Laguna Melincué, los arroyos y bañados de Magdalena, la Albufera Mar 
Chiquita, la
Laguna de Los Padres, el Complejo Laguna Salada Grande, la Cuenca de Chasicó, 
las
Lagunas  Encadenadas  del  Oeste,  el  Río  Salado,  la  Laguna  de  Chascomús  
y la  Bahía
Samborombón, entre otros.

Patagonia: Incluye extensas zonas áridas, como la estepa patagónica, y también 
áreas
con altas precipitaciones en los bosques andino patagónicos. Entre los 
humedales de ésta
región  se  destacan  los  enormes  lagos  de  origen  glaciario,  ríos  y 
arroyos  de  deshielo,
lagunas de estepa, mallines, vegas y turberas. Muchos de éstos humedales son 
utilizados
para   pesca   comercial,   recreacional   y   deportiva,   turismo   y  
obtención   de   energía
hidroeléctrica.

Puna: Esta región incluye la gran planicie del Altiplano que se extiende entre 
los 3.500
y  4.500  metros  sobre  el  nivel  del  mar  en  parte  de  Perú,  Bolivia,  
Chile  y  Argentina.
Contiene numerosas cuencas endorreicas que forman lagos y salares de diverso 
tamaño,
que constituyen parches de hábitats acuáticos en una matriz desértica.

Comprende, entre otras, las Lagunas de Pozuelos y de Guayatayoc, y el complejo
de Lagunas de Vilama, en la Provincia de Jujuy, y las Lagunas Grande, La 
Alumbrera y
Purulla, en la Provincia de Catamarca. Estos humedales son muy variables 
espacial y
temporalmente  y  tienen  alta  fragilidad  ecológica.  Se  destacan  por  la  
abundancia  de
endemismos.

Zona costera patagónica: La costa patagónica constituye uno de los segmentos 
costeros
más largos y relativamente bien conservados del mundo, con aproximadamente 
3.400 km
de extensión, desde el Río Colorado hasta el Canal Beagle.

El  ecosistema  marino  patagónico  es  altamente  productivo  y  económicamente
importante  y  ha  estado  expuesto  en  los  últimos  años  a  los  efectos  
de  un  crecimiento
demográfico e industrial acelerado.


Entre  los  tipos  de  humedales  de  la  región  se  pueden  citar  estuarios, 
 áreas
pantanosas, costas de arena con médanos, playas de canto rodado, acantilados y 
restingas.
La  amplitud  de  las  mareas  aumenta  hacia  el  sur,  llegando  hasta  los  
10  a  12  metros.
Alberga  grandes  concentraciones  de  aves,  mamíferos  marinos,  peces,  
moluscos  y
crustáceos.

Algunos   de   los   numerosos   humedales   que   pueden  encontrarse  en   la 
  costa
patagónica son: Bahía Blanca y Bahía Anegada en la Provincia de Buenos Aires, 
San
Antonio Oeste en la Provincia de Río Negro, Península Valdés, Isla Escondida, 
Cabo Dos
Bahías y Bahía Bustamante en la Provincia de Chubut, Monte Loayza, Cabo Blanco, 
Ría
Deseado, Bahía San Julián y Monte  León en la Provincia de Santa Cruz y Bahía 
San
Sebastián,  Península Mitre e  Isla  de los Estados  en la Provincia  de Tierra 
del  Fuego,
Antártida e Islas del Atlántico Sur.

El interés por los humedales es cada vez mayor en la Argentina y su crecimiento 
en
la última década ha sido especialmente marcado. Esta temática dejó de ser 
patrimonio
exclusivo  de  académicos  y  de  naturalistas  para  pasar  al  dominio  
público  en  general.
Particularmente en ámbitos tales como los educativos, productivos y de gestión 
a distintos
niveles, el conocimiento y la difusión de los aspectos referidos a las 
características y el
manejo de este tipo de ecosistemas se han visto favorecidos.

La  legislación  fue  acompañando  este  proceso  con  distintas  normas  para  
la
protección  de  estos  ambientes,  ya  sea  en  forma  particular  o  dentro  
de  un  marco  más
general  referido  al  ambiente  y  a  los  recursos  naturales.  Sin  embargo, 
 no  existe
actualmente a nivel nacional una política específica para dichos ecosistemas.

Al  mismo  tiempo,  la  extensión  y  la  intensificación  de  diversas  
actividades
productivas, así como de algunos usos residenciales, llevan a practicar 
diferentes tipos de
intervenciones sobre los humedales, algunas veces favorecidas por el menor 
precio de la
tierra         en  éstos.  De  este  modo,  al  interés  por  los  valores  de  
los  humedales  y  a  su
preocupación   por   su   conservación,   se   opone   una   tendencia   a   
interferir   en   su
funcionamiento, o  directamente a reemplazarlos  y perjudicarlos en  función  
de un uso
intensivo.    En este sentido los Artículos 12 y 13° especifican un 
ordenamiento territorial


y regulan las modalidades de las actividades productivas que se pueden 
desarrollar en los
humedales con el fin de evitar la degradación de estos ecosistemas.

Se  generan  así  conflictos  de  distinta  escala  e  intensidad  que,  
atendiendo  a  la
experiencia de otros países, demandarían la elaboración de una política 
específica a nivel
nacional.   Ésta   debería   generarse   a   partir   de   criterios   
unificados,   fundamentados
científicamente, que contemplen la diversidad de los humedales que se presentan 
en la
Argentina.

En este sentido, es bienvenida la realización del Inventario Nacional de 
Humedales
que  impulsa  el  Ministerio  de  Ambiente  y  Desarrollo  Sustentable  de  la  
Nación⁸  pero
insuficiente sin una ley que establezca un marco normativo adecuado en función 
de la
complejidad e importancia estratégica de estos ecosistemas irremplazables.

De  los  humedales  obtenemos  bienes  y  servicios  indispensables  para  
nuestra
supervivencia   tales   como:   pesca,   aprovechamiento   de   fauna   
silvestre,   pastoreo,
agricultura, actividad forestal, transporte, recreación y turismo.

Los humedales juegan también un papel fundamental en la regulación climática, el
mantenimiento de las fuentes y caudales de agua, la regulación de inundaciones 
y sequías,
la protección contra fenómenos naturales, la manutención de la calidad del 
agua, a través
de la retención de sedimentos y nutrientes, y reserva de agua. Por ello, son 
uno de los
patrimonios naturales más importantes, pero también el más amenazado y 
depredado por
la acción antrópica.

El proceso de conversión de ecosistemas naturales en tierras de cultivo 
responde a
una multitud de variables y necesidades socioeconómicas, políticas, 
tecnológicas y hasta
climáticas que inducen este comportamiento por parte de los productores 
agropecuarios.
Ante esta situación, le corresponde al Estado planificar - consensuada e 
inteligentemente-
el desarrollo de estos procesos, a fin de no comprometer la provisión de bienes 
y servicios
ambientales para las generaciones futuras.

⁸ http://ambiente.gob.ar/wp-content/uploads/REGIONESHUMEDbaja2.pdf


Como ejemplo de lo anteriormente expuesto podemos citar al conflicto desatado
por las quemas de pastizales en las islas del Delta a lo largo de 2008 que 
ubicó en el centro
de  atención  política  y mediática  a  los  humedales  del  Delta  que  vienen 
 sufriendo  una
intensa transformación desde hace casi una década, ligada principalmente a la 
voracidad
de tierras del modelo productivo vigente, que los ha convertido en tierra de 
explotación
ganadera.

En este sentido debemos decir que el uso de los recursos debe tener un carácter
ordenado y sustentable involucrando participativamente a las comunidades 
locales para
proteger  muestras  representativas  de  cada  ecosistema,  utilizar  
responsablemente  los
recursos naturales y restaurar lo destruido y degradado.

El Ordenamiento Territorial de Humedales que se propone es un instrumento de
política  ambiental  nacional  cuyo  objeto  es  regular  el  uso  del  suelo  
y  las  actividades
productivas, con el fin de lograr la conservación del medio ambiente - 
particularmente la
preservación  y el  aprovechamiento  sustentable  de  los  humedales  nativos-  
a  partir  del
análisis de las tendencias de deterioro y las potencialidades de 
aprovechamiento de los
mismos sin que se produzca una disminución en su nivel de calidad.

En   base   a   criterios   científicos,   el   Ordenamiento   Territorial   es 
  una   técnica
administrativa y una política concebida como un enfoque interdisciplinario y 
global, cuyo
objetivo es un desarrollo equilibrado de las regiones y la organización física 
del espacio
según  un  concepto  rector.  Este  ordenamiento  se  logrará  a  partir  de  
estrategias  de
planificación del uso de la tierra en las escalas locales (provinciales y 
municipales) que
se combinarán con estrategias de planificación del desarrollo regional y de 
integración
territorial en los ámbitos estatales, regionales y nacionales.

Existen los mecanismos para comprometer a las provincias a dirigir, en términos
territoriales, sus decisiones para cumplir con el objetivo de administrar bajo 
principios de
uso sostenible a los humedales de origen natural. Para que esto pueda 
desarrollarse, se
debe establecer un marco normativo que sea capaz de organizar, armonizar y 
administrar
la ocupación y el uso del espacio, desembocando en el desarrollo humano 
ecológicamente
sostenible, espacialmente armónico y socialmente justo. El Ordenamiento 
Territorial es
la herramienta para equilibrar objetivos económicos, sociales y ambientales.


La Evaluación de Impacto Ambiental (EIA) por su parte, es una herramienta de
gestión con carácter preventivo, que no pretende resolver un problema actual, 
sino que
está orientada a evitar que se produzcan efectos similares a los ya registrados 
en materia
de daños ambientales.

Propugna un enfoque a largo plazo y garantiza una visión completa e integradora
de las consecuencias de la acción humana sobre el ambiente. Concebida como un 
proceso
de advertencia temprana que verifica el cumplimiento de las políticas 
ambientales, la EIA
se ha convertido en la herramienta preventiva mediante la cual se evalúan los 
impactos
negativos y positivos que las políticas, planes, programas y proyectos generan 
sobre el
ambiente, y se proponen las medidas para ajustarlos a niveles de aceptabilidad.

Acorde  con  las  tendencias  internacionales  y  considerando  que  los  
estudios  y
evaluaciones de impacto ambiental resultan insuficientes para abarcar contextos 
espacio-
temporales que van más allá de la especificidad de los proyectos mismos se 
incorpora la
Evaluación Ambiental Estratégica (EAE), como un instrumento que rompe los 
límites de
una escala reducida para prevenir o mitigar los efectos adversos al ambiente, 
surgidos de
decisiones adoptadas en el marco de políticas, planes y programas en los 
niveles más altos
del proceso de decisión.

Con la convicción de que la participación real de la ciudadanía transparenta 
todo
proceso  decisorio,  al  tiempo  que  contribuye  a  la  toma  de  conciencia  
de  parte  de  los
ciudadanos  sobre  los  problemas  ambientales  y  al  respaldo  público  de  
las  decisiones
adoptadas, consideramos que las EIA deben ser sometidas a procesos de 
audiencias  y
consultas públicas.

En   nuestro   país   actualmente   los   humedales   son   impactados   por   
prácticas
insostenibles, en consonancia con los procesos de cambios en el uso del suelo 
resultado,
entre  otros,  de  la  expansión  de  las  fronteras  agrícolas  y  urbanas  y  
la  creciente
contaminación de los cursos y fuentes de agua con origen en las actividades 
rurales e
industriales. Las funciones ecológicas de los humedales como reguladores 
fundamentales
de               los  regímenes  hidrológicos  y como  hábitat  de  una  fauna  
y flora  característica,  los


transforma en un recurso de gran valor económico, cultural, científico y 
recreativo que
hace necesaria la elaboración de políticas públicas que garanticen su 
preservación.

De allí nace también la obligación del Estado de proteger la biodiversidad de 
los
ecosistemas y este concepto involucra a la variedad de ecosistemas, de especies 
y de genes
existentes. La conservación de la diversidad biológica y el uso sostenible de 
los recursos
biológicos  son  fundamentales  para  alcanzar  y  mantener  la  calidad  de  
vida  para  las
generaciones futuras. Por eso se deben llevar a cabo políticas claras de 
conservación de
los humedales en beneficio de las comunidades que viven allí y para la sociedad 
en su
conjunto.

Es precisamente en este estado de situación donde se funda el deber y el 
derecho a
legislar  no  solo  de  las  legislaturas  locales,  sino  también  del  
Congreso  de  la  Nación,
cumpliendo  así  con  el  mandato  constitucional  de  preservar  el  
patrimonio  natural  del
territorio  argentino  “y para  que  las  actividades  productivas  satisfagan  
las  necesidades
presentes sin comprometer las de las generaciones futuras” con estricto apego a 
nuestra
Constitución Nacional.

***

En los últimos meses, fuimos testigos de los incendios en las islas del Delta 
del
Paraná, registrándose 7000 focos, los cuales arrasaron con más de 50.000 
hectáreas – el
equivalente a 500 km2 literalmente consumidos por el fuego -. Sin perjuicio de 
que las
quemas y sus consecuencias es un problema  que tiene  más de 20 años de 
historia, lo
ocurrido durante este primer semestre ha excedido ha superando ampliamente a 
los focos
detectados durante los primeros semestres de, al menos, los últimos 9 años.

Como sabemos, estos incendios son consecuencia directa de quemas irresponsables
e  ilegales  que  tienen  lugar  principalmente  en  la  jurisdicción  
correspondiente  a  la
Municipalidad de Victoria, Provincia de Entre Ríos, afectado un humedal que se 
extiende
a lo largo de 19.300 km2, muy cercano de centros urbanos densamente poblados.

Entre  muchas  otras  consecuencias  socio-ambientales  de  proporciones  
colosales,
estos incendios provocaron una masiva invasión de humo denso y cenizas sobre 
decenas


de localidades de la región, afectando no solo la visibilidad general sino 
también la salud
de miles de personas que han sido forzadas a respirar humo y gases considerados 
como
tóxicos.

Según se desprende  de informes y relevamientos oficiales, estamos hablando  de
4000 incendios durante la primera mitad del año 2020, geolocalizados en el 
Delta del
Paraná, derivando ello en una situación de emergencia ambiental casi sin 
precedentes en
nuestro territorio. Sin ir más lejos, un reciente informe del Instituto de 
Investigación e
Ingeniería Ambiental de la Universidad Nacional de San Martin⁹, respaldada por 
datos
provistos por imágenes satelitales, registró esos focos de incendio advirtiendo 
que “…aún
si el fuego se apaga, lo quemado persiste. De esos focos, el 82,5 % se 
concentra en  la
provincia  de  Entre  Ríos,  gran  parte  en  las  islas  de  la  Reserva  
(municipal)  de  Usos
Múltiples Islas de Victoria (más del 60 % de los focos totales) y los restantes 
11,4 % y
6,1 % en Buenos Aires y Santa Fe, respectivamente. Se trata de un problema que 
atraviesa
las  fronteras  jurisdiccionales,  tanto  en  tierras  de  propiedad  privada  
como  en  tierras
fiscales arrendadas a privados”.

Seguidamente, describen esta zona afectada de las islas señalando que “… más del
80 % de la vegetación es herbácea y sumamente diversa, mientras que apenas el 4 
% está
ocupado  por  bosques  nativos  y  otro  tanto  lo  ocupan  las  plantaciones  
forestales.  Esto
contrasta  con  la  imagen  que  tenemos  de  las  islas,  porque  más  allá  
de  su  belleza  y
diversidad, los bosques suelen estar en albardones, a la vera de los ríos y 
arroyos que
navegamos, lo que nos hace pensar que toda la isla es así. Lo que se suele 
quemar son los
humedales herbáceos  y con ello se afecta también su enorme biodiversidad.  Las 
 islas
poseen una enorme variedad de humedales donde se han citado más de 700 especies 
de
plantas vasculares y una diversidad de fauna litoraleña que  usa estos 
ambientes como
hábitat (al menos 50 especies de mamíferos, 260 de aves, cerca de 300 de peces, 
27 de
anfibios, más de 30 de reptiles y una enorme variedad de invertebrados)”¹⁰.

⁹ Disponible en: 
http://noticias.unsam.edu.ar/2020/6/25/el-delta-en-llamas-incendios-en-las-islas
-del-
bajo-parana/

¹⁰ En cuanto a las prácticas de quema en sí mismas, el informe se ocupa de 
situarlas históricamente y ante
la presente coyuntura de la bajante del río Paraná y las sequías 
extraordinarias: “El fuego ha sido usado
históricamente para proveer pasturas: ya hacia 1830 el naturalista francés 
Alcides D’Orbigny describió las
quemas de campos hechas con el propósito de renovar los pastos del ganado. 
D’Orbigny señaló que ello
traía aparejada una gran destrucción y pérdida del hábitat, al punto que era un 
espectáculo dantesco ver los
animales que huían de los incendios y las aves de presa que los atrapaban. Pero 
también, el fuego se ha


Estos  incendios  se  deben  principalmente,  a  la  expansión  indiscriminada  
de  la
frontera  agrícola,  la  cual  concentra  y  comprime  la  presión  sobre  los  
humedales,
aumentando  la  presencia  de  ganado,  modificando  el  uso  del  suelo  y  
produciendo
endicamientos¹¹  y  rellenos  de  áreas  inundables  llevados  a  cabo  sin  
ninguna  clase  de
control.   Estamos   asistiendo   a   lo   que   los   especialistas   
denominan   como   una
“sabanización” de los ecosistemas.

Como  si  fuera  poco,  estos  incendios  además  comprometen  la  vida  de  
los/as
habitantes  de  las  islas  (los  “isleños”)  y  sus  modos  de  vida  
afectando  la  pesca  y  la
apicultura mediante la destrucción del hábitat de peces y la flora apícola.

Esta situación claramente de coyuntura pero que al mismo tiempo posee décadas de
historia signadas por un modelo productivo que avasalla y destruye nuestros 
ecosistemas,
sumado a largo derrotero descripto inicialmente en relación a lograr sancionar 
una ley de
presupuestos  mínimos  de  humedales,  nos  obliga  a  insistir  con  este  
tema  e  impulsar,
nuevamente, esta iniciativa.

En  razón  de  lo  expresado  solicito  a  mis  pares  el  acompañamiento  del  
presente
Proyecto de Ley.

usado ampliamente en las islas para cazar animales silvestres, así como para 
despejar cubiertas vegetales,
facilitar el ingreso de maquinaria para realizar obras hidráulicas o 
sistematización de tierras destinadas a
forestación. Hoy en día, en muchos lugares el fuego ha sido reemplazado por el 
uso de herbicidas”.

¹¹ El citado informe describe los endicamientos o polders como “…áreas 
delimitadas por terraplenes que
impiden el libre ingreso de agua por crecientes fluviales o mareas, evitando 
así que un campo ubicado en
un humedal se inunde naturalmente”.


Diputadas/os firmantes del Proyecto:

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