La justicia ambiental es justicia social  

Comunicado de la Red de Áreas Protegidas Urbanas ( RAPU) sobre los conflictos suscitados por las tomas de tierras, algunas en zonas naturales vitales o reservas naturales.

Actualidad RAPU 15 de septiembre de 2020
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El derecho a un ambiente sano es mucho más que una conquista de los movimientos populares consagrada en la Constitución Nacional. Es una bandera que cada una de las organizaciones, asambleas y colectivos territoriales del Área Metropolitana de Buenos Aires levantamos y defendemos cada día. 

Mantener a los ecosistemas sanos, íntegros y funcionales no es una consigna romántica e idealizada de la naturaleza, sino un esfuerzo por mantener los servicios ambientales fundamentales para las condiciones dignas y el buen vivir de la sociedad. Se trata de nuestro hábitat, al cual buscamos sostener en condiciones saludables, cooperativas y dignas. El respeto a los Derechos Humanos requiere de un ambiente sano, donde sea posible la reproducción de la vida. No hay garantía de justicia y equidad social sin justicia ambiental. Y tampoco es posible promover la justicia ambiental sin una profunda perspectiva social, trabajando con las comunidades y en los territorios. 

Si algo caracteriza a las asambleas, colectivos y organizaciones que integramos la Red de Áreas Protegidas Urbanas (RAPU), es el compromiso colectivo por defender territorios y biodiversidad indispensables para que todos podamos acceder a una vida digna y saludable -lo que autoridades responsables descuidan- con acceso libre y público a la recreación, disfrute y conocimiento. Consideramos necesario conservar áreas naturales que cumplen funciones vitales para el resguardo y reproducción de nuestras vidas, y a la vez restaurar aquellas que están degradadas. 

Cuando hablamos de acceso a la tierra y a una vivienda digna, entendemos que se requiere fortalecer herramientas de planificación y ordenamiento participativas del territorio.  Por eso reclamamos a las autoridades que privilegien mecanismos de reconocimiento y participación para las comunidades por sobre los intereses del mercado, con el objetivo de asegurar vivienda y acceso a la tierra para todas las familias que lo precisen. Algunos de esos terrenos que se promueven como “vacantes/ociosos/disponibles”, y que son destinados a usos privados o loteos ilegales que negocian con las necesidades sociales, son precisamente espacios de gran importancia ecológica. Muchas veces protegidos por vecinos que llevan adelante tareas de cuidado (incluso algunos cuentan con declaración formal de Reservas Naturales), cumplen funciones como la retención del agua de los arroyos, evitando que afecte a las áreas urbanizadas. La calificación prejuiciosa de estos espacios habilita un retiro del Estado y la entrada descontrolada de los intereses mercantiles sobre ellos, que se los apropian y terminan destruyendo las bases ecológicas. Ya sea para crear barrios cerrados de acceso restringido, o como último recurso de sectores sin otra posibilidad de acceso a vivienda digna, estos lugares no cuentan con condiciones básicas, servicios, ni planificación acorde, lo que los expone a dificultades de contaminación, inundación, y también a situaciones de violencia y represión. En este difícil contexto que nos toca vivir, exigimos, como conjunto social, garantías sólidas para el cumplimiento del derecho al hábitat y a la vivienda digna, con presencia del Estado y sin comprometer los derechos fundamentales a la salud y al ambiente sano. 


Desde la RAPU, rechazamos el avance de urbanizaciones de cualquier tipo sobre los territorios protegidos. No avalamos bajo ningún contexto el uso de violencia para abordar estos conflictos que manifiestan los derechos incumplidos a la tierra, la vivienda y a un ambiente sano. Repudiamos rotundamente el uso de la violencia policial e institucional que nosotros mismos hemos sufrido en las calles anteriormente, y exigimos que el Estado asuma su rol de garante de la vida de les ciudadanos que viven en este territorio bajo su tutela, y que trabaje en la búsqueda urgente de soluciones habitacionales para elles, con participación de la comunidad y dentro del marco de la justicia social y ambiental.


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Sobre la RAPU

La Red de Áreas Protegidas Urbanas (RAPU) busca nuclear y articular entre colectivos y organizaciones que vienen llevando adelante la protección, bajo marco institucional o no, de áreas con valores naturales y culturales relevantes para el área metropolitana.


Es un espacio de consulta, propuesta y paso a la acción ante las problemáticas ambientales actuales, con un enfoque integrador, multidisciplinario y holístico, atendiendo al rol que posee la cultura, el patrimonio y la sociedad en la temática ambiental. 


Se trata de un grupo de trabajo colectivo, plural y horizontal, con fuerte carácter propositivo, donde mediante reuniones presenciales podamos consolidarnos como una Red capaz de intervenir en los debates públicos sobre el ambiente urbano. A la vez, buscamos ser un espacio para que cada organización canalice sus problemáticas, obtenga asesoramiento y logre respaldo institucional en los reclamos y negociaciones con autoridades.

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